Inauguración Año Académico Carabineros de Chile

Comienzo estas palabras agradeciendo muy profundamente la invitación a participar en la apertura del Año Académico de Carabineros de Chile que nos ha sido extendida por el General Director Ricardo Yáñez Reveco. Es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a quienes inician una nueva etapa en su formación, ya sea en la Academia de Ciencias Policiales, en la Escuela de Carabineros, en la Escuela de Suboficiales, o en  la Escuela de Formación Policial, y más aún si esto ocurre junto a sus docentes, y a las autoridades de Carabineros de Chile.

Concurrimos a este acto valorando el sentido republicano de la cooperación que hemos iniciado, en virtud del convenio marco celebrado entre Carabineros y la Universidad, que tiene como objetivo facilitar el trabajo conjunto y la puesta en marcha de actividades que fomenten la colaboración académica, investigativa y de desarrollo científico entre académicos, académicas y profesionales de ambas instituciones. La Universidad de Chile ha convocado para ello capacidades en distintas disciplinas de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, de Gobierno, Economía y Negocios, y Ciencias Físicas y Matemáticas, todo ello coordinado por el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

Entre otras acciones, nos hemos propuesto cooperar en aspectos relacionados al aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de la formación, algo que también asumimos con especial responsabilidad en nuestra propia institución. De hecho, ayer tuvimos la presentación del proceso de autoevaluación institucional para el proceso de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación.

Existen diversas definiciones o representaciones de la calidad, las que se han utilizado para establecer estándares y orientar el mejoramiento en las organizaciones. Está la concepción de calidad como excelencia (o lo excepcional), la concepción de la calidad como perfección o consistencia (sin error), y aquella que la entiende como idoneidad de propósito.

En la Universidad de Chile hemos escogido utilizar una definición de calidad que la vincula a la transformación. Esta conceptualización visualiza la calidad como algo dinámico y continuo; que no solo promueve la mejora, sino que permite un proceso de transformación del estudiante, del investigador y de la institución. Por ello, hemos hecho nuestra la definición de Alexander Astin, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, que definió la calidad como “la capacidad de desarrollar al máximo los talentos de todos los miembros de una institución en un marco de equidad”. Es una definición noble, que independientemente de la institución u organización a la cual se aplique, está enraizada en una visión humanista del desarrollo y de la convivencia.

En consecuencia, en la Universidad de Chile nos hemos propuesto velar por el desarrollo de todos los y las integrantes de la comunidad en el marco de los valores institucionales. De acuerdo a lo establecido en nuestros Estatutos estos valores son: la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario; la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la institución, en su promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución, la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias; el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultiva.

No creo equivocarme al pensar que, escuchando ustedes estos valores, han reconocido que muchos de ellos también representan a su institución. Y esto no es sorprendente, porque ambas instituciones son republicanas, forman personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social, respetan las jerarquías y tienen un compromiso de servir al país, buscando siempre el bien común.

Fieles a nuestra vocación de ser “de Chile”, desde hace unos años hemos emprendido acciones para resguardar un cuerpo estudiantil diverso, ampliando el acceso a la Universidad a estudiantes talentosos provenientes de grupos sub-representados a través de vías especiales de acceso, bajo la convicción de que la diversidad potencia el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes, y es fundamental para desarrollar las capacidades que permitan abordar la complejidad. Secuencialmente, hemos creado, a partir de 2012, el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), orientado a estudiantes  de excelente trayectoria académica egresados de establecimientos de alta vulnerabilidad escolar de la educación pública; la vía de Ingreso Prioritario de Equidad de Género para el género sub-representado según carreras; una vía de acceso para Estudiantes de Pueblos Indígenas; un Sistema de Ingreso para Estudiantes en Situación de Discapacidad; y un ingreso para Estudiantes de Colegios Técnico-Profesionales, entre otros.

Entendernos como una institución cuyo estudiantado proviene mayoritariamente de familias sin historia universitaria, nos ha llevado a reconocer la diversidad interna y la importancia de apoyar debidamente a los y las estudiantes en su progreso académico y su desarrollo integral. Para ello se ha hecho necesario conocer mejor a nuestros estudiantes, sus historias, sus expectativas, sus sueños y sus necesidades académicas, y avanzar hacia la construcción de un espacio común donde la institución, los docentes y los estudiantes son corresponsables del aprendizaje y el éxito académico. Este esfuerzo institucional ha tenido un impacto transformador en nuestro proyecto educativo, fortaleciendo sus principios orientadores y abriendo puertas, a través de los distintos programas de acceso especial, a miles de jóvenes de grupos sub-representados que se encontraban injusta e irresponsablemente excluidos.

Desde que iniciamos nuestro trabajo de profundizar la equidad y la inclusión, la educación superior en Chile ha avanzado en comprensión de su rol y esta visión se ha extendido a otras instituciones. De hecho, la Ley General de Educación Superior (21.091) ha establecido en su primer artículo que la educación superior “es un derecho cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad”. Ese artículo -por si sólo- es un mandato, exigente y claro para todo el sistema, y nosotros nos esforzamos por cumplirlo.

Para ello se requiere desarrollar una cultura universitaria, la cual, sin perder fidelidad a su espíritu crítico esencial, también acompañe, acoja, proteja, generando un espacio seguro para el crecimiento personal y comunitario, de manera que el trabajo transformador se dé en un ambiente de respeto mutuo y de valoración de las diferencias.

En un contexto nacional y global de incertidumbre y desconfianza en las instituciones, nos hemos preocupado de establecer lazos de confianza al interior de la Universidad y desde allí proyectarla como un valor.  En consistencia, hemos optado por privilegiar una gestión que podríamos llamar relacional, una gestión más atenta a los comportamientos y las relaciones que queremos establecer y/o transformar.

De hecho, la ley 21.094, específica de las Universidades Estatales promulgada en 2018, nos entrega una misión que es hermosa y exigente en responsabilidad y que pone énfasis en el vínculo con la sociedad: “Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, con una perspectiva intercultural”. También establece que “las universidades del Estado deberán promover que sus estudiantes tengan una vinculación necesaria con los requerimientos y desafíos del país y sus regiones durante su formación profesional”.

El propósito de aportar a la sociedad y al bien público es una condición no exclusiva, pero si obligatoria de las universidades del Estado.

Simon Marginson, un destacado investigador australiano en el ámbito de la educación superior, que en la actualidad trabaja en la Universidad de Oxford, ha escrito profusa y lúcidamente sobre la centralidad del rol público en las universidades. En un artículo titulado Higher Education and Public Good (Educación Superior y Bien Público) -publicado en 2011- argumenta que la misión de contribuir al bien público será fundamental para la preservación de la idea de universidad que hemos conocido a lo largo de sus 800 años de historia, considerando que la sociedad del futuro ofrecerá crecientes posibilidades de acceder a la educación de forma menos institucionalizada. Dice: “Sin embargo, nada dura para siempre, y de vez en cuando, los estados-nación y las sociedades descubren que pueden vivir sin las instituciones que han heredado. Cuando estas instituciones no representan nada más profundo o más colectivo, sin mayor bien público, que la agregación de interés propio (como los monasterios de China e Inglaterra, que acumularon grandes recursos y que llegaron a existir sólo para sí mismos y para aquellos que los utilizaban) son vulnerables. El interés propio puede canalizarse de otras maneras, las instituciones desaparecen y sus funciones recogidas en otro lugar”.

Pero, así como el servicio a un bien mayor es esencial, en el caso de las universidades también debe resguardarse la autonomía y la libertad académica. Esto lo expresó muy claramente hace 70 años el gran rector Juan Gómez Millas, el año 1954, refiriéndose a la relación de las universidades con el Estado: “Afirmo que no se puede rebajar la Universidad a ser simple instrumento del Estado, porque la relación entre éste y la Universidad es exactamente la inversa. No es la política la que debe dictar el rumbo a la Universidad, sino es ella misma quien debe llegar a la interpretación de las posibilidades más profundas de un pueblo y dar conciencia a la política. Por esta razón la vida universitaria no puede ser expresión de una clase política dominante ni de una clase social cualquiera, sino de todo el conjunto de las posibilidades de un pueblo. Esto es lo que esperan de los universitarios nuestros mineros, nuestros campesinos, nuestros obreros y también los jóvenes que tuvieron la suerte de surgir de una tradición aristocrática que ya no tiene -como clase social- valor en sí misma”.

Es especialmente inspiradora su visión de que la universidad “debe llegar a la interpretación de las posibilidades más profundas de un pueblo y dar conciencia a la política”. Hoy -por cierto- entendemos que esto debe darse en diálogo con la sociedad, especialmente cuando nos enfrentamos con una sociedad global amenazada por la insustentabilidad, por las desigualdades, la inseguridad y la fragilidad de la democracia. Frente a esos desafíos nuestra tarea es contribuir, desde el conocimiento, a un futuro que nos incluya a todas y todos como personas libres y autónomas, capaces de aportar al bien común y de habitar el planeta en armonía con la naturaleza.

Entendemos que siendo la universidad pública más antigua e importante del país, debemos asumir un rol principal en la promoción del diálogo a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la creación de plataformas de cooperación que abocadas a la generación de conocimiento y a la formación de personas, se sumen al esfuerzo de avanzar en derechos y alcanzar la justicia social.

Desde ese lugar, concurrimos hoy a públicamente manifestar frente a ustedes nuestro compromiso de colaborar con su trabajo formativo e investigativo, como la universidad que defiende el valor de la educación pública como esencial para el bien común; esa universidad que moviliza el saber pensando en su país. Estamos conscientes de que la relación y colaboración entre las instituciones de la República es fundamental para fortalecer el rol del Estado en la sociedad, así como para la convivencia democrática, y en nuestro caso -como lo hemos dicho- es parte de nuestro ethos y de nuestra misión.

La educación tiene un poder transformador individual y colectivo; cambia la vida de las personas y de las comunidades al dotarlas de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. Esa fuerza de la educación demanda a las instituciones formadoras, como las nuestras, la responsabilidad de cumplir con altos estándares de calidad, donde la noción de calidad debe ser entendida como un concepto holístico que abarca elementos disciplinares y también habilitantes para la vida en común. No solo formamos profesionales o graduados; formamos ciudadanos que serán protagonistas del futuro en una sociedad cada vez más compleja.

En un contexto social con dificultades para aceptar las diferencias, la amistad cívica surge como un requerimiento indispensable, pues a través de ella es posible encauzar los conflictos, ejercitando el diálogo y el debate informado. Con ello, se fortalece también la democracia. La defensa de los valores democráticos es una necesidad real, pues observamos una creciente desconfianza hacia las instituciones que la dotan de sentido, que ha llevado a distintos países por caminos autoritarios.

Para legitimar el rol que las instituciones del Estado juegan en el modelamiento de la sociedad, es preciso cuidar que sus acciones estén siempre orientadas hacia el bien común. Nuestras instituciones fueron fundadas con ese propósito social. Por nuestra parte, somos garantes de la soberanía intelectual del país, y Carabineros tiene la misión de garantizar la seguridad y el orden para vivir en comunidad. Ambas están llamadas a servir a Chile y a cuidar a Chile, al Chile que es de todos y de todas.

Ese vínculo republicano fue un poderoso argumento para suscribir en diciembre pasado el acuerdo de colaboración entre la Universidad de Chile y Carabineros de Chile, que tiene un componente educacional al poner los énfasis en los ámbitos propios de nuestro quehacer académico: la formación, la asistencia técnica, la investigación y la vinculación con la comunidad. Se trata de intercambiar saberes y experiencias en un marco de cooperación, que es tributario además de un trabajo sostenido por distintas unidades de la Universidad, las que desde ya hace varios años han compartido con Carabineros sus conocimientos en materias relacionadas a la seguridad, la violencia contra la mujer y la gestión de procesos. En ese contexto expreso especial reconocimiento a Carabineros de Chile por su trascendental tarea en la aplicación de las pruebas de admisión universitaria. Ese trabajo que lleva décadas a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, y que integra a la mayor parte del sistema universitario chileno en un proceso de admisión riguroso y democrático, ha sido posible gracias al apoyo y vigilancia de Carabineros, que al igual que la educación pública llega a lugares donde nadie más llega.

Este acuerdo de colaboración nos encuentra además en medio de un contexto social con una sociedad demandante que espera mucho de nosotros, haciendo difícil equilibrar continuidad y cambio. Para dos instituciones fundantes del Estado moderno, esta tensión entre tradición y cambio nos exige la capacidad de producir una reflexión sobre nuestro funcionamiento con el objetivo de cumplir rigurosamente con nuestras misiones institucionales y también una renovada visión de nuestros quehaceres, lo que usualmente surge del diálogo nacional e internacional. En ese marco, por un lado, debemos honrar la historia que nos da identidad y reconocimiento y, por otro, adaptarnos a los desafíos que nos imponen las vertiginosas transformaciones sociales, por ejemplo, las urgencias medioambientales, así como las nuevas posibilidades que ofrece el desarrollo de las tecnologías, como ocurre con la inteligencia artificial.

En esa tensión entre continuidad y cambio, la formación ocupa un lugar central. En nuestro caso, reconociendo lo mejor de nuestras prácticas pasadas, las que nos han permitido constituirnos como la Universidad líder del país, estamos innovando para responder a la realidad de la sociedad que se está configurando. Por eso, estamos fomentando la interdisciplina y la transdisciplina en la formación y la investigación que la sustenta, para establecer trayectorias educacionales más dinámicas y más pertinentes. También nos hemos comprometido con la sustentabilidad de una manera amplia, para que lo medioambiental dialogue con la preocupación por las inequidades sociales en un marco de gobernanza democrática y encuentro multicultural.

Las reflexiones y los diálogos que sostuvimos el año recién pasado, a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, nos han llevado a fortalecer nuestro compromiso con la   democracia y los Derechos Humanos en el ejercicio de todas las funciones universitarias y, especialmente, en la convivencia de nuestras comunidades. Comprendemos que para ser consistentes, la educación en Derechos Humanos debe darse en un ambiente donde estos derechos sean efectivamente respetados y garantizados a todos quienes integran la comunidad universitaria. Ese es un ámbito en el cual también hemos acordado cooperar, y nada puede ser más importante que educar para configurar un futuro a partir de la constatación de que ninguna persona debe ser nunca despojada de su dignidad. Los Derechos Humanos no son patrimonio de un sector u otro; más bien son la amalgama que nos une y nos permite reconocernos como parte de la gran familia humana.

Por último, sabemos que la injusticia de género ha sido una de las más persistentes al interior de nuestra sociedad. El sistema universitario no escapa a esta realidad. Las situaciones de violencia y acoso sexual; la baja presencia de mujeres en las jerarquías académicas superiores y, en consecuencia, en los cargos de decisión; la menor valoración de sus tareas y la sobrecarga en los cuidados que asumimos mayoritariamente las mujeres, son parte de las barreras y violencias con las que todavía convivimos diariamente.

Reconocer esta realidad, escuchar las demandas de las mujeres y las diversidades, reflexionar sobre las discriminaciones aún presentes en nuestra cultura institucional, y replantear las regulaciones y procesos que las sostienen y reproducen, es una labor ineludible para el desarrollo de nuestra Universidad, cuya misión formativa debe hacerse cargo de este tema no solo por su valoración intrínseca o derecho propio, sino también porque  la igualdad de género es un requisito previo para garantizar un futuro sostenible. Esperamos también compartir nuestro trabajo en esta importante dimensión.

Mis palabras finales están dirigidas a quienes se han sumado a los diversos planteles de formación de Carabineros de Chile, y que serán los y las protagonistas del futuro. Confiamos plenamente en sus capacidades y estamos seguros de que podrán enfrentar los desafíos de esta sociedad compleja con imaginación, oficio y valores sólidos. Su labor será fundamental para transformar la vida de las personas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Muchas gracias.

Rosa Devés Alessandri
Rectora de la Universidad de Chile

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